Comunicado de la Secretaría de Memoria Histórica del PCE sobre el auto del Juez Baltasar Garzón del 16 de octubre de 2008
Secretaría de la Memoria del PCE / 20 oct 08
Desde el PCE queremos manifestar nuestra satisfacción por los procesos judiciales que se han iniciado en la Audiencia Nacional. Apoyamos, y apoyaremos en el futuro, todo procedimiento judicial que vaya dirigido a:
1. Instruir los sucesos criminales que produjeron en España los alzados contra la República y la posterior represión; por fin inicia un proceso para conocer la magnitud de los crímenes de la represión franquista así como el sacrificio de cientos de miles de españoles en la defensa de la sociedad de libertades que hoy disfrutamos. Es derecho de todo ciudadano actual conocer la magnitud de los crímenes.
2. Perseguir esos hechos como delitos contra la Humanidad.
3. Señalar a los culpables y/o condenarlos en el caso de que dichos responsables sigan con vida.
Desde nuestro punto de vista no cabe ningún otro procedimiento judicial que no llegue al fondo del asunto y que no califique los delitos como universales, como ya decíamos en un comunicado anterior. Vemos confirmada la práctica de la judicialización de todos los casos que desde un principio planteamos y que desde la Asociación Foro por la Memoria –la entidad de referencia del trabajo de nuestra militancia en este- se ha mantenido en todas y cada una de las aperturas de fosas acometidas hasta el día de hoy, así como la reclamación pública y abierta de que los poderes públicos –en todas sus formas y representaciones- fueran los responsables de cada una de las actuaciones.
No nos cabe duda en cuanto a la competencia del Tribunal que está conociendo las diligencias, ni tampoco del carácter imprescriptible de los delitos: el hecho de imputar delitos contra la Humanidad a más de 35 altos cargos del régimen franquista no hace sino ratificar la idea de que en España se produjo desde el 18 de julio de 1936 y hasta la propia muerte de su máximo responsable en 1975, un proceso de persecución y exterminio sistemático e institucionalizado de personas por motivos políticos e ideológicos, sin olvidar tampoco la persecución por motivos religiosos y de orientación sexual durante la dictadura.
Lamentamos una vez más que esta decisión se produzca con muchos años de retraso pero, con todo, creemos que aún llega a tiempo no sólo para resarcir a las víctimas y sus familiares, sino al conjunto de la sociedad española en esa deuda pendiente desde la llamada Transición en el reconocimiento de lo que significó la II República española y, sobre todo, la lucha de los que la defendieron incluso a costa de su propia vida.
Al mismo tiempo exigimos al Gobierno que desarrolle de inmediato los reglamentos dirigidos a regular las exhumaciones de las víctimas, como se señala en la “Ley de Memoria” ya vigente, y ponga los medios materiales que las propicien de manera oficial para que sirvan de elementos probatorios en el procedimiento abierto. Si hay algo que ha puesto de manifiesto la acción judicial es, precisamente, las enormes carencias de la Ley de la Memoria, como ya manifestamos y denunciamos en su día.
